NO A LOS FONDOS MINEROS EN LAS UNIVERSIDADES

Publicamos una carta, difundida en UNER DEBATE y a la que hasta el momento adhirieron más de 70 docentes de la UNER, planteando su posición respecto de los fondos que percibe nuestra Universidad por parte de la explotación minera "Bajo La Alumbrera".

Entre Ríos, 31 de julio de 2009

Sr. Rector

Universidad Nacional de Entre Ríos

Cr. Eduardo Asueta

S/D

Los abajo firmantes, docentes de esta casa de estudios, solicitamos que se considere nuestra posición acerca de los fondos provenientes de la explotación minera “Bajo La Alumbrera”.

Entendemos que hay muchas razones por las cuales una sociedad responsable, libre y pensante debería negarse a la explotación minería a cielo abierto: la dimensión de la contaminación que produce (con sus efectos nocivos sobre las generaciones presentes y futuras), el despilfarro de recursos limitados como el agua y la energía eléctrica, el escaso valor de uso de los metales extraídos –básicamente se utilizan como reservas de riquezas y consumos suntuarios–. A esto hay que agregarle que la empresa extranjera que saquea las riquezas de los argentinos y se lleva la mayor parte de las ganancias por la explotación del yacimiento “Bajo La Alumbrera” incluso goza de beneficios fiscales extraordinarios por su actividad (durante 2008 tuvo exención impositiva por $ 550 millones).
Equipos de investigación de varias Universidades Nacionales, desde distintas disciplinas, podrían abordar los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social críticos. El sistema universitario y científico debería jugar un papel aún más significativo, dado que es uno de los pocos actores públicos que puede proveer saberes técnicos independientes de los intereses que tienen los sectores que se benefician con estas grandes explotaciones. La Universidad Pública podría brindar un apoyo de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego.
Lamentablemente no es esto lo que ocurre. Por el contrario, y como es de público conocimiento, muchas instituciones universitarias están trabajando al servicio de grandes corporaciones, en este caso, las grandes mineras. Inclusive, estas relaciones se exponen como grandes logros en materia de convenios, colaboraciones, etc.
Las corporaciones mineras han logrado un paso más, comprometiendo al conjunto del sistema universitario. Los fondos que cede a las Universidades corresponden a los beneficios que recibe la estatal YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con Minera Alumbrera Ltd. Este año son $ 36,8 millones, que según la Ley 14 771 deben ser repartidos entre Universidades Nacionales. En el 2008 ya se habían aceptado $ 50 millones. Es dinero que proviene de una empresa con funcionarios procesados por la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051: la contaminación es un delito federal y la Universidad Argentina debería saberlo. No hay ley que obligue a aceptar financiaciones de organismos acusados penalmente.
Es muy significativo que cuando muchas investigaciones que generan conocimiento independiente y avanzan conectando diversas disciplinas científicas, distintas facultades e incluso distintas universidades, una de las empresas mineras más cuestionada y procesada por el Fiscal Dr. Gustavo Gómez, decida repartir dinero a todo el sistema universitario. Es preocupante que las Universidades ya lo hayan aceptado en 2008, y aún más lo sería si volviera a aceptarlo en 2009. Hay voces que se han levantado para rechazarlo, como la Universidad Nacional de Córdoba, y la propuesta de la CONADU Histórica de que no sea aceptado en el conjunto de las Universidades.
Aceptar estos fondos implica reconocer además que el presupuesto recibido por las Universidades Nacionales es insuficiente. Es indispensable un incremento de este presupuesto genuino para asegurar la posibilidad de que las Universidades sostengan y mejoren su funcionamiento, de modo que puedan cumplir con los sentidos de su existencia, y de este modo también eviten el soborno destinado a legitimar el saqueo y la depredación. En este sentido también cabe preguntarse qué pasa con nuestras palabras y nuestras acciones, qué mensajes dirigimos a las generaciones jóvenes, de qué manera ejercemos la docencia y en qué espacio la llevamos adelante.
Por todo lo expuesto, los abajo firmantes solicitamos al Consejo Superior el rechazo de esos fondos y la apertura inmediata de un debate sobre el financiamiento de nuestra Universidad en todas las instancias posibles.