El año pasado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó el reparto de fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Catamarca), por unos 50 millones de pesos y ahora, por otros 36 millones más. Los montos provienen de esta empresa que es investigada por incurrir en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud.
Desde el año pasado las universidades nacionales agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) vienen aceptando la llegada de fondos millonarios y recién ahora, por haber aceptado una segunda partida, siempre de los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), en la provincia de Catamarca, empezaron a salir a la luz, algunas voces en contra.
Es que uno de los ejecutivos de este emprendimiento minero está procesado por la Justicia Federal, en una causa aún abierta, por haber incurrido en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud. A este argumento, se suma otro: la minera “consume 4 millones de litros de agua por hora, es decir más de 65.000 litros de agua por minuto. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87 % del consumo total de la provincia de Catamarca”, explicó el doctor Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Cabe recordar que el emprendimiento Bajo de la Alumbrera, explotado por una Unión Transitoria de Empresas entre YMAD y Minera Alumbrera. A partir de la ley N° 14.771 –publicada en el Boletín Oficial en 1959-- se crean los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y específicamente en su artículo 18, se establece el destino de “las utilidades líquidas”: “El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50 % del total general, destinándose el 10 % restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán. El cuarenta por ciento restante (40 %) será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados. Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40 %), se destinará el cincuenta por ciento (50 %) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50 %) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado”.
A partir de este último punto, el año pasado llegaron las utilidades a las universidades y en mayo de 2008, con acuerdo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se decidió la distribución de 50 millones de pesos provenientes de estas minas. Y hace apenas un mes el CIN volvió a aceptar una nueva distribución de fondos del mismo origen por unos 36,8 millones de pesos.
Al interior de algunas casas de estudios, la noticia causó revuelo. Aunque otras, prefirieron el silencio.
A cielo abierto
“La Alumbrera es un proyecto que atenta contra el medioambiente. Al aceptar estos fondos, la universidad pública está dando su consentimiento a un emprendimiento que va contra los intereses del país”, dijo hace poco Abraham Gak, profesor honorario de la UBA y coordinador del Plan Fénix.
Los derechos de explotación de este yacimiento de oro y cobre, le pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), un ente compuesto por la provincia de Catamarca, el Estado nacional y la Universidad de Tucumán —el yacimiento fue descubierto por científicos de la casa, que en 1948 lo registraron a nombre de la institución—. Para explotar la mina, YMAD conformó en 1994 una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Ltda, formada por corporaciones extranjeras: tras sucesivas compras y ventas, hoy son Xstrata Plc, de Suiza, Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá. La actividad empezó en 1997 y constituye la mina más grande del país, una de las mayores del mundo.
Hoy, organizaciones no gubernamentales, como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) a cargo del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y distintos investigadores independientes han publicado y presentado documentos que respaldan las denuncias sobre sucesivas violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente efectuadas por distintas empresas mineras, pero por sobre todo por la Minera Alumbrera Ltda.
El no cordobés
En universidades nacionales como las del Sur y la Patagonia, hubo mociones de rechazo presentadas por profesores y estudiantes, pero resultaron minoría. Ahora se sumó la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo Consejo Directivo acaba de decir no a esos fondos mediante Resolución N° 166/2009 accediendo así a lo solicitado por el Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva de dicha unidad académica.
Allí expresan claramente el rechazo a ese dinero procedente de la distribución de beneficios de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) acordados en el Consejo Interuniversitario Nacional y proponen al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba que adopte igual posición.
En su informe, Montenegro --Premio Nóbel Alternativo 2004-- había detallado los alcances del impacto ambiental de La Alumbrera. En efecto YMAD, había transferido 50 millones de pesos de sus beneficios a unas 40 Universidades Nacionales en 2008, en el marco de la Ley Nacional N° 14.771 y este año el monto asciende a 36,8 millones de pesos.
Por su parte, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Trabajo Social, fue la única que el año pasado dictó una resolución en contra de este reparto millonario por el cuestionado origen de los fondos y por entender que es irrisorio, aceptar dinero de una empresa investigada por presunta contaminación, en una provincia que firmemente se opone a la pastera Botnia.
Para destacar
Independencia. “Las universidades que Uds. dirigen deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos”, cuestiona Esquivel en una carta abierta a los rectores.
Responsabilidades
En una carta dirigida al presidente del CIN, Darío Maiorana, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel pide explicaciones: “Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales, las cuales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación. Sin embargo, nos parece que tanto el CIN como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento”.
En otro apartado, despliega los conocidos argumentos: “Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias, y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes); la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras.
Además, como lo destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba, “hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades”.
El debate al interior de la UNER
En octubre de 2008, el Consejo Superior de la UNER trató la cuestión y en un acalorado debate puso a consideración la resolución, pero a la hora de votar, los integrantes del CS no levantaron su mano precisamente en contra de los fondos y en su lugar, los aceptaron con la salvedad de propiciar “un estudio sobre las posibles consecuencias ambientales que podría provocar la explotación de estos Yacimientos” La aceptación de esa moción fue por mayoría.
Lautaro Varisco Bonaparte, representante estudiantil en el Consejo Superior, fue uno de los que se abstuvo alegando que es por todos sabido que “la explotación de las minas de oro producen un daño serio”.
En el acta de aquella reunión, figuran todas las opiniones al respecto. Amparándose en la necesidad de contar con información científica y técnica, unos propusieron esperar a contar con esos datos antes de tomar una decisión; otros recordaron que muchas veces llegan aportes “del Tesoro Nacional que son ganancias de empresas y no sabemos cuáles son. Quizás son empresas que están contaminando, pero ahora como tenemos claro de dónde vienen, estamos rechazando ese subsidio”, como propuso la consejera de los administrativos, Rosa Gorelik. Mientras que luego de una extensa intervención, el consejero docente Mauricio Fiedrich dijo que le parecía una nimiedad oponerse “a recibir unos fondos —que tampoco son tan importantes— con argumentos de tanto peso, si no discutimos también qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de papel jugamos quienes estamos desarrollando profesionales en las nuevas tecnologías. Me impactó el tenor del tema, pero me gustaría hacerlo en un foro especial, discutiendo la filosofía profunda de las herencias que debemos legar, no oponernos por oponernos”.En ningún momento del intercambio de ideas, se aludió a la causa abierta por la Justicia Federal sobre la posible contaminación y por la cual se investiga al vicepresidente del complejo minero; así como tampoco se hizo demasiada referencia a un dilema de tipo ético antes de tomar esta decisión.
El rector atinó a comentar que un debate similar se había producido en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional y aclaró que “estos fondos no son de las minas. Se los llama así porque es la regalía que quienes explotan estas minas deben pagar a una empresa mixta conformada por el Estado Nacional donde está la Universidad Nacional de Tucumán en el directorio. Esta casa de estudios tuvo una participación importante porque fue quien descubriera estos yacimientos y los registraron como tales. Entonces, no estamos recibiendo ningún fondo de la mina sino una regalía que le corresponde al Estado Nacional y que por ley decidió distribuirla entre quienes habían sido sus descubridores y todo el sistema universitario nacional”.
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, María Laura Méndez, agregó la necesidad de aceptar dada la urgencia, pero “con objeciones, que se haga público y de repetirse la situación, se revise de dónde vienen los fondos para la Universidad”.
Mónica Borgogno
